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Azar y diversión instantánea

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Azar y diversión instantánea -

Las legislaciones sobre los juegos de azar en la Nueva España se presentan en todo el periodo colonial, inician en , continúan a lo largo de dos siglos, hasta que en el virrey marqués de Croix señala la urgencia de prohibir los excesos del juego, esto se mantiene hasta fines de la Colonia en con opúsculos como las Apuntaciones: discursos sobre los daños del juego , que buscaban convencer a la sociedad de sus efectos perniciosos.

Sin embargo, las prohibiciones no fueron suficientes ya que los juegos de azar continuaron practicándose entre todos los grupos sociales hasta la retirada de los españoles Chinchilla Pawling, 65 ; Vázquez Mantecón, Como se aprecia, el discurso moralizante sobre el juego de azar recorre el tiempo y espacio de la sociedad novohispana.

Lo condena por su naturaleza nefasta al considerarlo eje de dos pecados capitales: la pereza y la avaricia Vázquez Mantecón, Sin menoscabo de que además su práctica solía llevar a la adicción y la ruina del individuo y el deshonor de su familia. El celo y preocupación de las autoridades coloniales sobre los juegos de azar resultaba contradictorio.

Por un lado, perseguía con penas severas los juegos de azar privados, por el otro, fue el principal promotor de los mismos, ya que mantuvo el monopolio de los naipes, cuyos ingresos iban a las arcas públicas y en el siglo xviii fue patrono de la lotería, que nunca ha dejado de ser un magnifico negocio Semo, Explica Chinchilla que la instauración de la lotería se planteó como respuesta del Gobierno colonial a los problemas del juego de apuesta ilegítimo, pues al legalizarlo se podía reglamentar.

En el virrey marqués de Croix instituyó la Real Lotería General de la Nueva España con su respectivo reglamento. Se pretendía reunir un millón de pesos con la venta de cincuenta mil billetes, pero el elevado costo de éstos para las clases populares y el desinterés de la élite, hicieron que el proyecto estuviera al borde del fracaso.

La justificación del Estado para realizar y administrar la lotería fue que al reglamentar un tipo de apuestas se daba seguridad en el pago de los premios, además de que las ganancias no serían para el lucro privado, sino para el sostenimiento de hospitales de pobres, albergues, etc.

Sin embargo, este último propósito sólo se cumplió de manera parcial ya que las autoridades al percatarse de las grandes cantidades que generaban los sorteos, no estuvieron de acuerdo en otorgar los ofrecidos porcentajes originales de las ganancias —que les parecieron muy altos— a la beneficencia pública.

Al observar que la lotería producía enormes ganancias otros grupos comenzaron a copiarla, incluso la misma iglesia llegó a tener su lotería eclesiástica con figuras religiosas. Además de instruir a los feligreses que la jugaban en el entorno familiar, producía algunas ganancias al clero que, aunadas a las rifas, eran utilizadas para reparar templos o hacer obras de caridad.

Incluso el virrey Revillagigedo intentó fundar otra lotería con jugosos premios, cuyos beneficios se destinarían a las obras públicas, pero el rey Carlos III la rechazó Chinchilla Pawling, Mención especial merece el caso de los naipes y dados, éstos fueron los primeros juegos europeos que llegaron y contagiaron a diversos sectores sociales, estableciéndose en garitos por todas partes; incluso en el palacio virreinal se instaló un juego de barajas abierto día y noche.

La Corona vio en tales juegos una fuente de ingresos y no tardó en legislar para su reglamentación. De esta manera el rey lo convirtió en estanco —negocio exclusivamente administrado por la Corona— que se beneficiaba con el pago de derechos sobre la producción y venta de naipes Chinchilla Pawling, La independencia modifica levemente la situación de la práctica de los juegos de azar, los primeros gobiernos del México independiente continúan emitiendo leyes para combatir la proliferación de dichos juegos, pero al igual que las del periodo colonial no tuvieron éxito.

El principal cambio radica en los argumentos que ahora eran de naturaleza secular y republicana. Sin embargo, en las zahúrdas, acosadas —o solapadas— por las autoridades, los jugadores siempre podían encontrar un lugar para pasarse un buen rato apostando a la baraja en torno a una mesa.

A lo largo del siglo xix la sociedad mexicana jugaba en espacios cerrados, pero había una diferenciación en cuanto a lugares y sitios de juego dependiendo de la clase a la que se pertenecía. Así, los de clase baja jugaban en las pulquerías —generalmente ubicadas en barrios periféricos— a la rayuela, la pítima o tuta y los naipes.

Los señoritos de clase media disponían de lugares más seguros para jugar tranquilamente, sin riesgo de morir acuchillados en una riña. Este mismo autor menciona que las ferias constituían otro espacio, habitualmente rural, para la práctica del juego, como tiempo-espacio de excepción, a las prohibiciones de toda forma de diversión relacionada con el azar.

Las ferias provincianas, importantes para el comercio regional, eran atractivas para los tahúres y vendedores ambulantes. Por otro lado, la lotería fue una de las pocas maneras de desafiar al azar permitidas por los gobiernos del México Independiente.

Con altibajos, provocados por la inestabilidad del país, la lotería se constituyó como una de las instituciones de origen colonial con gran aceptación en el país Vázquez Mantecón, Coincidimos con Vázquez Mantecón en que para la sociedad mexicana del siglo xix las diversas modalidades de juegos de azar se constituyeron en una forma de entretenimiento y a la vez un peligro latente que no había que dejar sin vigilancia.

La preocupación de las consecuencias negativas del juego para la sociedad se puede ver en los editoriales de los periódicos.

Por ejemplo, en El Constitucional publicó el siguiente artículo:. Para comprender todos los males que resultan del juego basta haberse acercado alguna vez a cualquiera de las mesas en que se practica.

Se puede allí observar que el hombre de la educación más esmerada, del juicio más recto, del talento más claro, pierde como por encanto sus buenas dotes; se enajena, se electriza, se hace monomaniaco, y no ve ni atiende a otra cosa que el albur que se corre y el oro que le fascina….

Si en aquellos momentos se le avisara que su esposa estaba próxima a sucumbir bajo las acechanzas de un corruptor, él no separaría la vista de la baraja; despreciaría el aviso, abandonaría su honor, y acaso recibiría por él alguna suma para seguir jugando… El marido robará, asesinará y cometerá en fin cuantos crímenes puedan proporcionar algún dinero para tirar sobre algún tapete de mesa de juego… Lo repetimos, el jugador es un monomaniaco, es un loco, que se debe secuestrar de la sociedad, porque la daña….

Es preciso pues que las autoridades no lo consientan, que lo persigan con más encarnizamiento que al ladrón, al asesino, al lenón… Miranda Ojeda, Riva Palacio no duda en escribir en el Monitor Republicano en un artículo sobre el juego donde relaciona al juego con las mujeres y el alcohol, triada que bautiza como las tres patas del diablo.

Con menor carga moral, las autoridades influidas en el espíritu científico del positivismo también cuestionaron al juego porque se contraponía a la ética del trabajo, del orden y el progreso Semo, En las últimas décadas del siglo xix la crítica moral a los jugadores deja de ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, legisladores y gobernantes y se extiende en gran parte de la sociedad misma que sin embargo seguiría jugando.

En este contexto Vicente Morales escribe la novela Gerardo. Historia de un jugador. Manuel Acuña, quien escribe el prólogo de la misma, apunta que la sociedad debería estar agradecida con el autor por dicha obra. Similar a la situación descrita para el caso del centro de la República, en la península yucateca —particularmente en Mérida y Campeche—, los juegos de azar conocidos en el resto del país tenían gran aceptación.

En la capital yucateca el juego apasionaba a personas sin distinción de sexo, edad, condición social, ni de los vínculos de parentesco o amistad. Así, no sorprende que padres e hijos llegaran a tener serias disputas por el juego. La corrupción y complicidad de las autoridades yucatecas impedía llevar a cabo eficazmente las leyes emitidas para erradicar el juego.

Como ejemplo, existe la anécdota de que el viajero Stephens en su viaje a Yucatán fue invitado por el alcalde de un pueblo a un lance de barajas, y al preguntarle sobre la legalidad de esta práctica ofendió al alcalde en lo más vivo de sus funciones oficiales.

La pasión por el juego permeaba incluso en las sociedades culturales de mayor prestigio de la ciudad como la Lonja Meridana. Ésta, a pesar de sus pretensiones de ser sitio para el cultivo de las diversiones lícitas, honestas y decentes, permitía la práctica de juegos de azar prohibidos como la ruleta Miranda Ojeda, La creación de la lotería campechana constituye un caso especial que logra mantener su vigencia como práctica tradicional desde fines del siglo xix hasta nuestros días.

En , con el objeto de promover sus productos en Campeche, su propietario decidió obsequiar dentro de las cajetillas de cigarros una lotería que se jugaba en combinación con la Lotería de Beneficencia —celebrada en México—. Poco después incluyó 90 cromos en litografía dentro de las cajetillas.

Esta es la famosa Lotería Campechana de 90 cartones que hasta hoy se sigue jugando Pozos Lanz, Su práctica llegó a tener enorme aceptación en la capital campechana, se jugaba en la Feria de San Román, en cafés, cantinas y casas particulares.

Las autoridades se percataron de que era un buen negocio y a través de los inspectores de Hacienda exigieron el pago de los impuestos correspondientes al considerarla juego de azar.

Los jugadores no acataron esas órdenes por lo que dejó de jugarse públicamente en las ferias. Algunas familias trasladaron su práctica a las casas particulares para mantener la tradición.

Regresando al contexto nacional, uno de los debates permanentes que acompañaron a la legislación sobre el juego en el siglo xx es el de su ámbito y finalidad. Por un lado, trataba de limitar los juegos de azar a los espacios públicos; por el otro, procuraba ejercer un control para frenar los excesos que se le han atribuido.

Se observa en este tipo de legislación la intención de evitar juegos que faciliten o promuevan la compulsión a jugar González del Rivero, A partir de los años treinta, el Estado retoma el tema del juego como un proyecto institucional y produjo una serie de reglamentos para su regulación y transparencia, tanto de sus propios sorteos, como los de las empresas privadas.

Después de la década de los treinta, la geografía de los juegos de la suerte adoptó, en cierta forma, la misma fisonomía que la de la economía en su conjunto. El primero concentró y monopolizó la lotería y sus múltiples versiones y el segundo recibió concesiones para el funcionamiento de hipódromos, galgódromos, rifas y, en contadas ocasiones, quinielas deportivas que se ofrecían en los mismos estadios.

Todos los juegos en donde el Estado o la empresa no intermediaban directamente la relación entre los apostadores casinos, tragamonedas, etcétera fueron prohibidos González del Rivero, El cardenismo transformó el antiguo discurso de la beneficencia filantrópica por el de la asistencia pública, que consideró como responsabilidad del Estado.

Así en , Lázaro Cárdenas emite la Ley del 14 de junio que reunía en un sólo organismo descentralizado a la Lotería con la Secretaría de la Asistencia Pública. Una auténtica industria de la fortuna se hallaba en ciernes. Los cuantiosos dividendos de la Lotería Nacional 45 millones de pesos tan sólo en se tradujeron en un nuevo interés por una industria dedicada al mercado de consumidores de billetes de la suerte.

La clave de la Lotería Nacional estuvo en la dispersión de sus premios. Desde el inicio, de cada 50, números, mil tenían premio, además, agregó el reintegro que permitía jugar una vez más González del Rivero, En se promulgó la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

En ella corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos hay apuestas de cualquier clase, así como de los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional, que se rige por su propia ley.

Aunado a estos juegos, a partir de la década de los cincuenta proliferan juegos que antes eran desconocidos. El bridge , con sus complejas combinaciones y tácticas, suma nuevos adeptos.

El backgammon se practicaba en torneos nacionales e internacionales en Acapulco y Cancún. El Monopoly pasó a ser parte del esparcimiento en familias de clase media. Por otro lado, González del Rivero menciona que para entonces la concesión masiva a expendios privados para distribuir los billetes de lotería produjo un sistema infalible de distribución.

El billetero devino en figura central de la cultura urbana, miles de vendedores de suerte empezaron a deambular por calles, restaurantes, cantinas, estadios, ferias y las salidas de cines, teatros y toros.

Se crearon miles de empleos, se construyó una industria sobre la comercialización a través de la venta-hormiga. En , Pronósticos Para la Asistencia Pública se transformó en un organismo descentralizado del gobierno. Desde entonces, su crecimiento ha sido permanente, sobre todo en los años noventa.

En , contaba con más de seis mil expendios. Cinco sorteos componían su oferta: Melate, Tris, Progol, Protouch y Prohit. El valor de sus ventas había alcanzado 1, millones de pesos y sus contribuciones al Estado y al deporte sumaban millones de pesos González del Rivero, Además, a partir de , la Lotería Nacional inauguró un nuevo ramo en la industria de la suerte: la lotería instantánea.

La primera iniciativa fue la de los pronósticos deportivos. La atracción del deporte era acompañada de las tentaciones de la suerte. Con ello no sólo se respondía al vasto sistema de quinielas clandestinas, sino que se desarrollaba una nueva forma de sorteo. El jugador debía emplear su conocimiento en la apuesta.

Más aún, podía formar su propia apuesta. El éxito fue inmediato. Actualmente, la masificación ha llegado a linderos que hace unos años eran impensables. Hoy se puede apostar y hacer quinielas de fútbol en la farmacia o en la miscelánea de la esquina, por teléfono o por computadora.

En la República se puede participar en toda una gama de sorteos y juegos gracias a las más de 8, terminales de Pronósticos para la Asistencia Pública. Bastan unos cuantos pesos. El bingo, que ha invadido las principales ciudades del mundo, también ha llegado a México, aunque sólo a los centros turísticos González del Rivero, Coincidimos con González del Rivero en que hoy día los juegos de azar han dejado de ser acontecimientos singulares que requieren de antemano de un grupo selecto y de ciertas habilidades.

Apostar ya no es un evento que reclama de un tiempo y un espacio específicos. Es una actividad que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana y sus espacios convencionales. En México, los primeros antecedentes que se tienen de los casinos son de la época del presidente Plutarco Elías Calles - , quien por decreto dio inicio a la creación de casinos, con el objetivo de atender a los turistas estadounidenses, destacando los casinos de Tijuana.

Durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, el 24 de julio de , los casinos fueron prohibidos debido a que se consideraba que propiciaban la decadencia moral, atraían el vicio, representaban un peligro para la intromisión de la mafia norteamericana y la explotación, por parte de los apostadores profesionales Sandoval De Escurdia y Zamudio Tadeo, 6.

Posteriormente, el 31 de diciembre de se estableció la Ley Federal de Juegos y Sorteos lfjs , la cual no prohibió explícitamente los casinos, ya que esa figura como tal, no se menciona.

Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se buscó revertir la medida anterior y, en se concedió un permiso para construir y operar un casino en Acapulco. Sin embargo, ante la presión de la opinión pública que se manifestaba en contra de tal medida, el proyecto se canceló lviii Legislatura, A partir de la crisis de , Jesús Silva Herzog, titular de la Secretaría de Turismo en dicha época, frenó la propuesta del presidente Carlos Salinas de Gortari, que tenía como objetivo legalizar dicha industria y obtener un ingreso previsto de más de 10 millones de turistas extranjeros, a finales de su sexenio.

Ante dicha situación, se planteó una iniciativa para actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos de , la cual carecía de un reglamento administrativo, por lo que no atendía en plenitud las exigencias de regulación que demanda la sociedad lviii Legislatura, Así, el tema de los casinos ha estado presente en el debate legislativo desde cuando la Cámara de Diputados realizó una recopilación de información en cuanto a los casinos y a petición de la Presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados se realizó un foro de consulta sobre la instalación de casinos en México, en virtud del interés mostrado por diferentes sectores de la población nacional lviii Legislatura, Así también, en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados estableció la Subcomisión de Casinos, ante la necesidad de actualizar la normatividad y posibilitar la apertura de casinos en México.

Dicha subcomisión identificó los posibles beneficios y perjuicios de su instalación como: la recaudación de impuestos que beneficiaría a las haciendas estatales y municipales, las alternativas de inversión con resultados económicos a corto plazo, así como los costos sociales como es el de los jugadores compulsivos lviii Legislatura, Desde se presentan iniciativas de ley por parte de diversos diputados miembros de diferentes grupos parlamentarios.

Dichas iniciativas evidencian una heterogeneidad en las posturas de dichos funcionarios en cuanto a los casinos y su relación con otras situaciones como el turismo, los monopolios, los beneficios económicos, la generación de empleos, entre otros temas.

Ante la diversidad de posturas y la dificultad para la toma de acuerdos, el 13 de diciembre de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública emitió un dictamen respecto al Proyecto de Decreto de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.

Se argumenta que no deben legalizarse, ni regularizarse los casinos o casas de apuesta permanentes, ya que afectan la salud, al favorecer el desarrollo de enfermedades mentales, como las ludopatías.

Se sustenta que los casinos sólo traen beneficios para los dueños, quienes mayoritariamente serán empresas extranjeras, mientras que los costos son mayores para la sociedad en los gastos en salud. Ante dicho panorama, se plantea la necesidad de que el Estado regule de manera estricta, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, la inversión extranjera directa y estable, el empleo seguro y bien remunerado, el turismo, la seguridad y el mejoramiento del entorno comunitario.

Lo anterior, mirando al juego no necesariamente como enemigo de la moral, la cultura y el desarrollo. En este mismo sentido, la Cámara de Diputados de la lix Legislatura plantea la pregunta ¿Cuál es el modelo de casino en el que los beneficios no se contrarresten con los riesgos como el lavado de dinero, la prostitución, la delincuencia, entre otros, y que esté acorde con las características de nuestro país?

De ahí derivó un análisis sobre los modelos existentes Sandoval De Escurdia, Existe una amplia diversidad de modelos de casinos en el mundo y legislaciones al respecto. Sin embargo, de acuerdo con Reyes Tépach se puede hablar de tres grandes modelos: el europeo, el americano y el latinoamericano-oriental.

Finalmente, el tercer modelo se basa en la presencia de pequeños casinos en hoteles y, en muchas ocasiones, los jugadores apuestan entre sí y la casa cobra una comisión por el servicio. De manera adicional, existen otros modelos como el de las reservas indias en los Estados Unidos, que busca contribuir a la generación de riqueza en las localidades, e impulsar su crecimiento y desarrollo Reyes Tépach, En nuestro país, la Concanaco, la croc , la Canirac, la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles y, la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México, se han pronunciado a favor de la instalación y operación de los casinos, así como los estados de Tamaulipas, Guerrero, Baja California, Sonora y Veracruz.

Por su parte, la Coparmex, representantes de la Iglesia Católica, la Asociación de Padres de Familia, A. Algunos argumentos que sustentan la oposición a la presencia de dichos espacios se relacionan con los trastornos físicos que puede producir el síndrome de abstinencia al juego como son las cefaleas, las migrañas, los trastornos digestivos, las alteraciones del sueño, la pérdida del apetito, la fiebre, los temblores, entre otros.

Además de que en las ciudades en donde hay casinos se ha detectado personas con patología por los juegos de azar, con problemas como el alejamiento o abandono de la familia, las grandes deudas de juego, el deseo de devolver el dinero rápidamente, el ser mal visto o repudiado por la comunidad en que habita, crea violencia intrafamiliar por su adicción, sentimiento de un enorme deseo por recuperar las agradables sensaciones de los primeros días de ganancia.

Señalan también que la falta de dinero incrementa el riesgo de buscar préstamos ilegales, robar o delinquir para la obtención del mismo, entre otros. Sin embargo, para enfrentar el problema de la ludopatía, se argumenta que los dueños de los casinos deberían abrir instituciones para tratar a quienes se convierten en adictos al juego.

Por todo lo anterior, la iniciativa se encuentra en proceso de dictamen y los distintos actores coinciden en la necesidad de legislar para controlar los juegos de apuestas y reglamentar los giros ilegales, que en la actualidad se estiman en casinos clandestinos.

Además, se requiere definir el modelo de casino ideal para México. Tomando como base los modelos antes mencionados, se han realizado propuestas como la instalación de un gran casino en el Centro de Convenciones de Acapulco, tipo Las Vegas, o la instalación del mega casino Juárez Resort and Casino, que sería la inversión más importante del estado de Chihuahua y de la frontera Sandoval De Escurdia, Diversas temáticas entran en juego al pensar en el modelo ideal de casino y sus características.

Ejemplo de ellas son la participación de capital extranjero y del Estado, las personas físicas o mercantiles que pueden participar en cada uno de los niveles de responsabilidad, las multas o infracciones en caso de la violación de alguna ley, la vigencia de las licencias o formas de explotación, entre otros.

En cuanto a la reglamentación fiscal se estima que un impuesto de nueve por ciento podría repartirse, en partes iguales, entre el municipio, el gobierno estatal y el gobierno federal. Finalmente, se considera que es necesario clarificar cuestiones técnicas, como si los casinos deben o no estar circunscritos a la operación de los hoteles; fortalecer el turismo para hacerlo competitivo.

En este contexto, el 17 de septiembre de , el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, publicó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, aún vigente, con la finalidad de incentivar la inversión y el crecimiento en cuanto a juegos y sorteos; así como establecer los lineamientos necesarios para su operatividad y la regulación de las actividades de dicho sector, favoreciendo el orden y la transparencia.

Según dicha fuente, el mayor gasto por habitante se producía en Austria 1, , Reino Unido 1, y Finlandia 1, Ramos Palencia, Un estudio de la Comisión para el juego del Reino Unido, The British Gambling Prevalence Survey, concluyó que aproximadamente 0.

Para el caso de España, el juego es una de las principales actividades económicas del país. Según la Comisión Nacional del Juego, en el año el gasto en juegos de azar en dicho país ascendió a En América Latina, en el caso de Colombia, el valor apostado al año equivale a casi la mitad de las exportaciones que hace el país, es decir 5.

Dichas personas son afectadas con la operación de más de 70 mil máquinas en los casinos y casas de apuesta, según cifras conservadoras. Martínez Jáuregui asegura que la ludopatía es la enfermedad que registra más suicidios de todas las adicciones porque un alcohólico o drogadicto generalmente muere por los excesos, por la sobredosis, no porque se hayan querido matar.

Los estudios científicos demuestran que la ludopatía es más adictiva que el alcohol y la droga Martínez Jáuregui en Acosta, De acuerdo con Martínez Jáuregui, en Escobedo, Nuevo León y en Cancún se han registrado casos de madres de familia que dejaron a los niños en los carros, afuera de los casinos mientras jugaban, lo que refleja la gravedad de la adicción.

La mayoría de las publicaciones provienen, entonces, de otros países y son relativamente recientes, de a Se han realizado investigaciones en varios continentes, destacando países como Estados Unidos, Australia y España por la cantidad y variabilidad de los estudios en esta temática.

En general, las investigaciones publicadas proponen estudios exploratorios y descriptivos como una primera propuesta a temáticas relativas al juego de azar en casinos y otros espacios. En algunos casos, son estudios longitudinales con un reciente interés en poblaciones de jóvenes y adolescentes.

También resaltan estudios que buscan correlación de la conducta de juego con diversos estados de salud o conductas de riesgo.

Entre ellos hay investigaciones que buscan relaciones entre impulsividad, latido cardiaco y los niveles de cortisol en la sangre durante el juego con naipes en casinos Krueger y otros, También resaltan los estudios que se interesan por el consumo de alcohol y otras drogas en clientes y empleados de casinos Shaffer y Hall, Otros estudios amplían el espectro relativo a factores de riesgo, de modo que incluyen, además del uso de drogas, otros comportamientos relacionados con la violencia, la conducta sexual o los hábitos alimenticios y de ejercicio Stuhldreher y otros, 76 , tipo y frecuencia de juego, desórdenes de conducta, estrés psicológico, pertenencia a grupos étnicos y abuso de drogas y alcohol Goudriaan y otros, Por otro lado, aunque en menor cantidad, también se hacen presentes estudios más descriptivos o cualitativos que se interesan por el contexto psicosocial y emocional del jugador.

Es hasta fechas recientes cuando se ha incrementado la cantidad de estudios ligados al juego en los casinos, ya que se sustenta, hoy por hoy, el aumento de trastornos psicológicos ligados a ellos, como la ludopatía.

Que para el desarrollo de esta competencia en el nivel territorial, las entidades han creado empresas industriales y comerciales del Estado, cuyo propósito es la explotación, administración y operación de estos juegos, específicamente el de lotería tradicional o de billetes y apuestas permanentes; afectados gravemente en su estabilidad económica por los efectos generados por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID, en particular, dada la importancia de los canales físicos de comercialización.

Que dada la necesidad de prolongar el aislamiento preventivo obligatorio y los cambios en las conductas y hábitos de los consumidores, la implementación de nuevas modalidades de juego que no requieran la permanencia física de los apostadores puede presentarse como eficiente y efectiva para contribuir en la reactivación del monopolio de los juegos de suerte y azar, como fuente de financiación de la salud de los colombianos.

Que siguiendo lo establecido en el artículo 47 numeral 12 de la Ley de , el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA establecerá el reglamento y los requisitos para la operación de los incentivos de premio inmediato de los juegos territoriales siguiendo los lineamientos establecidos en este decreto, para lo cual es fundamental que se fortalezcan los recursos de su Secretaría Técnica.

Que con el objetivo de garantizar la representatividad de las entidades territoriales en el proceso de reglamentación de los incentivos de premio inmediato, resulta apropiado que el CNJSA tenga especial consideración por las observaciones que presente la entidad que agremie a los departamentos sobre el contenido del reglamento y los requisitos de operación, en los términos del artículo 2º del Decreto de De la misma forma, es pertinente que la operación sea autorizada por las juntas directivas de las loterías o mediante otrosí suscrito con las entidades concedentes y exista la posibilidad de que se realice en forma asociada.

Que de conformidad con el literal c del artículo 6º y el artículo 23 de la ley de , los derechos de explotación de los incentivos de premio inmediato deberán ser los mismos de los juegos territoriales, esto es lotería tradicional o de billetes y apuestas permanentes.

Que dadas las características técnicas de los incentivos de premio inmediato para su implementación adecuada, y consecuentemente obtención de recursos para el sector de la salud, es indispensable que se operen mediante procesos estandarizados, coordinados y articulados.

En ese sentido resulta necesario la presencia de una entidad que garantice el diálogo constante entre los departamentos, las entidades estatales, los agentes privados y demás involucrados, y asesore técnicamente la puesta en marcha de un modelo que, precisamente por la dificultad en el establecimiento de consensos, nunca antes había podido ser desarrollado en el país.

La más apropiada para hacerlo es la entidad que agremie a los departamentos en la medida en que se trata de incentivos asociados a juegos territoriales, para lo cual deberá contar con un porcentaje mínimo de recursos provenientes de la operación de estos.

Que el juego de lotería instantánea por internet se encuentra dentro de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de , modificado por el artículo 93 de la Ley de , y por lo mismo debe ser operado bajo la normatividad y las condiciones establecidas por Coljuegos para esta modalidad de juego novedoso.

Que la grave afectación económica generada por la pandemia del nuevo Coronavirus Covid generó un impacto en las ventas del juego de lotería tradicional o de billetes, el cual es operado por entidades del orden territorial y la cruz roja, que requieren de alternativas para mantener a flote la operación, siendo una fuente importante de recursos para la salud, generadoras de empleo en los territorios y dinamizadoras de las economías locales, por lo cual se hace necesario autorizar la realización de dos sorteos extraordinarios anuales, como medida de equilibrio entre la reactivación de las ventas del juego y la saturación del mercado con la oferta de este tipo de sorteos.

Que la operación de los juegos de suerte y azar específicamente de la lotería tradicional o de billetes, en el mes de marzo de , presentó un comportamiento atípico por las medidas de cierres y toques de queda adoptadas por las diferentes autoridades territoriales y las previsiones que se adoptaron para proteger la salud de las personas mayores de 60 años, por lo que la Federación Colombiana de Loterías Fedelco y las entidades operadores del juego han solicitado que se permita la suscripción de acuerdos de pago para las obligaciones que se generaron por parte de los distribuidores y a su favor durante este periodo, debido a las circunstancias económicas y graves afectaciones ocasionadas por la emergencia, lo cual, además de constituir un alivio para los distribuidores y loteros del país, mitiga los efectos económicos derivados de la pandemia y el incremento descontrolado de la cartera de las Entidades, protegiendo la salud financiera de los operadores.

Que para acreditar uno de los requisitos del trámite de juegos localizados se exige concepto previo favorable emitido por el Alcalde o su delegado, en el cual se indique que el local se encuentra en una zona apta para el desarrollo de actividades comerciales conforme a la normativa de ordenamiento territorial del respectivo municipio o distrito, por lo cual se busca permitir que los interesados en operar juegos localizados, puedan acreditar el requisito presentando conceptos de uso suelo, emitidos por la autoridad municipal competente o por curador urbano, para dar mayor flexibilidad y agilidad para la obtención del insumo necesario para que Coljuegos pueda emitir las autorizaciones y otorgar las concesiones para la operación de esta modalidad de juegos de suerte y azar, lo cual permite generar mayores rentas para los servicios de salud.

Que con el fin de impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID, se ha considerado de utilidad la utilización de los juegos de suerte y azar promocionales para reactivar económicamente a ciertas empresas y lograr la venta de sus productos durante la etapa de reapertura gradual de la economía, siendo necesario adoptar medidas que, bajo la certificación del representante legal y contador o revisor fiscal depositario de la fe pública , permitan dar cierre a los juegos promocionales autorizados para poder autorizar nuevos juegos que generen recursos para la salud de los colombianos y logren la reactivación económica de las empresas, dotando a las entidades administradoras del monopolio de las facultades para ordenar el pago a favor de la salud, del valor de los premios que no queden en poder del público.

Que, en mérito de lo expuesto,. Artículo 1º. Incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales. Los incentivos a que se refiere la presente norma son una modalidad autónoma de juego que no forman parte de la venta de lotería, en virtud de lo cual no serán objeto del impuesto de loterías foráneas y sobre premios de loterías a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Así mismo, el incentivo estará excluido de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado IVA.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA establecerá el reglamento y los requisitos para la operación de los incentivos de premio inmediato de los juegos territoriales, que podrá realizarse de forma asociada.

Una vez cumplidos los requisitos, los incentivos de premio inmediato deberán ser autorizados por las juntas directivas de las loterías o, para los contratos en ejecución, mediante otrosí suscrito con las entidades concedentes; según corresponda, sin exigir requisitos adicionales a los que expresamente establezca el CNJSA.

Las entidades concedentes deberán dar respuesta a las solicitudes de los incentivos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación por parte del concesionario.

Con cargo a los recursos del incentivo se contratará la interventoría o el apoyo a la supervisión para los incentivos de premio inmediato de los juegos territoriales, en las condiciones que determine el CNJSA.

Artículo 2º. Juegos de premio inmediato operados por internet. En aplicación de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de , modificado por el artículo 93 de la Ley de , los juegos de premio inmediato operados por internet se regirán por la normatividad aplicable a los juegos novedosos y las condiciones establecidas por Coljuegos para esta modalidad de juego, la cual será incluida dentro de la oferta de juegos operados por internet y se podrá autorizar con operación asociada entre los operadores con contrato en ejecución.

Artículo 3º. Sorteos Extraordinarios de las Loterías. Durante los años y , las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes podrán realizar anualmente dos sorteos extraordinarios en diferente mes del año, en los términos de la normatividad vigente. Las uniones temporales, asociaciones y demás sociedades que estén operando sorteos extraordinarios o los vayan a operar, podrán realizar dos sorteos al año por cada asociado en los términos de la normatividad vigente, sin exceder la realización de un sorteo por mes.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar fijará el cronograma correspondiente. Artículo 4º. Acuerdos de pago con distribuidores de Lotería.

Los representantes legales de las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes, podrán celebrar acuerdos de pago por una sola vez con cada distribuidor de lotería, para incluir las obligaciones que se hayan constituido a su favor, en los meses de febrero, marzo y abril de , en el cual se podrán pactar plazos máximos de 6 cuotas mensuales, definiendo las garantías que se exigirán para amparar los acuerdos de pago.

Las obligaciones incorporadas en los acuerdos no generarán ninguna clase de intereses y, en todo caso, se deberá incorporar una cláusula aceleratoria. En caso de incumplimiento al acuerdo de pago, las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes deberán dar inicio al proceso de incumplimiento contractual.

Artículo 5º. Medidas sobre los conceptos de uso del suelo para juegos localizados. El requisito previsto en el inciso 4 del artículo 32 de la Ley de , también podrá ser acreditado con la presentación del concepto de uso de suelo expedido por la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias urbanísticas, oficina de planeación o quien haga sus veces o curador urbano, siempre que en el documento se establezca que la ubicación del local comercial donde operará el juego localizado se encuentra en una zona apta para el desarrollo de actividades comerciales de conformidad con los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda.

Los conceptos de uso del suelo estarán vigentes hasta que la autoridad que lo expidió o el operador del juego, informen a Coljuegos la revocatoria del mismo en el evento que se realice una modificación del plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial según corresponda, que pueda afectar el concepto previo inicialmente otorgado.

Artículo 6º. Operación de Bingos. Durante los años y , los operadores del juego de suerte y azar localizado de bingo autorizados por Coljuegos podrán realizar la actividad bajo la modalidad de bingo con presencia remota de los jugadores, los cartones de juego físicos se venderán a domicilio, en puntos de venta dispuestos por el operador, y en las salas de juego autorizadas, en las cuales no habrá juego presencial hasta que se levanten las medidas señaladas por el Gobierno nacional.

La venta de los cartones no podrá realizarse en municipios diferentes a los de ubicación de las salas de juego autorizadas en el contrato de concesión. Los operadores que opten por esta modalidad deben respetar el número mínimo de sillas a que se refiere el artículo 34 de la Ley de y cumplir con las condiciones técnicas que para el efecto expida Coljuegos, en las cuales se incorporarán las condiciones de transmisión del evento de bingo y las de operación de los bingos interconectados.

Artículo 7º. Cierre de Juegos Promocionales. Con el fin de reactivar las actividades económicas y la realización de actividades promocionales, durante el año , las entidades administradoras del monopolio podrán realizar el cierre de los juegos promocionales autorizados, con una manifestación escrita del representante legal y del contador o revisor fiscal del operador del juego promocional, en la cual certifique que se realizó el juego y la entrega de los premios a los jugadores.

En caso de que los operadores de juegos promocionales no presenten los documentos para el cierre de los juegos, las entidades administradoras del monopolio ordenarán el pago a favor de la salud del valor del plan de premios que no quedó en poder del público, mediante acto administrativo motivado y con el procedimiento previsto en la Ley de , en el cual se incluirá el pago de intereses moratorios desde la fecha de firmeza de dicho acto.

Artículo 8º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá D. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. LA MINISTRA DEL INTERIOR,.

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS. CLAUDIA BLUM DE BARBERI. EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,. LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO.

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,. CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA. JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ. EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,. FERNANDO RUÍZ GÓMEZ. EL MINISTRO DE TRABAJO,. ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ. LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA,.

MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO. EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,. JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO. LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,. MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ.

RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN. KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE. ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ. LA MINISTRA DE CULTURA,. CARMÉN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO. MABEL GISELA TORRES TORRES. EL MINISTRO DEL DEPORTE,. Durante el trámite de revisión constitucional del citado decreto, la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho del Magistrado Sustanciador memorial del 26 de junio del año en curso, suscrito por la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien con base en la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Coljuegos, atendió la solicitud efectuada a través de auto del 19 de junio de Para tal efecto, adjuntó oficio del 25 de junio del presente año, suscrito por los Vicepresidentes de Desarrollo Comercial, de Desarrollo Organizacional y de Operaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar -Coljuegos-, en el que se resuelven cada uno de los interrogantes formulados, de la manera como a continuación se expone:.

i En términos generales, ¿de qué manera las medidas en el sector de juegos de suerte y azar adoptadas en el Decreto Legislativo del 4 de junio de están directa y específicamente relacionadas con la concreta finalidad del Decreto del 6 de mayo de de conjurar la crisis económica originada por la pandemia del coronavirus COVID e impedir la extensión de sus efectos?

Es así como refieren que la necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio ha generado una disminución significativa en las actividades económicas y productivas de todas las regiones del país, así como una importante reducción de las ventas obtenidas por estas en razón de los juegos territoriales.

Desde esta perspectiva, aducen que el sector de juegos de suerte y azar en el nivel territorial se encuentra en crisis, por lo que resulta imperativo implementar nuevas disposiciones que, de manera eficiente y segura, permitan la generación de recursos, entre otras razones, porque mediante la Resolución del 18 de marzo de , expedida conjuntamente entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ordenó el cierre temporal de este tipo de establecimientos hasta el 15 de abril de La grave calamidad pública que se afronta, entonces, impone retos a la administración que obligan a repensar la oferta actual de juegos de suerte y azar y, de paso, lleva a adecuar su operación a las medidas de cuarentena y distanciamiento social, de forma que la explotación del monopolio rentístico continúe cumpliendo su propósito constitucional de proveer mayores recursos destinados a la prevención y atención de servicios de salud a cargo del Estado.

En esa dirección, advierten que varias de las respuestas urgentes, coordinadas e integrales encaminadas a aliviar el impacto social y económico ocasionado por el coronavirus COVID en el sector de juegos de suerte y azar que, a su vez, permiten la recuperación de las capacidades productivas, financieras y laborales, están contenidas en la normatividad incorporada en el Decreto Legislativo de ii Con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto del 15 de abril de , ¿qué nuevas circunstancias de afectación a las finanzas territoriales, distintas de las invocadas para justificar la expedición del referido decreto motivaron el trámite de esta disposición normativa?

Frente al interrogante propuesto, señalan que, con la expedición del Decreto Legislativo de , se permitió la reactivación de las operaciones de los juegos territoriales de la lotería tradicional o de billetes y de apuestas permanentes o chance, así como de los sorteos de los juegos y la venta de lotería, previa emisión del respectivo protocolo de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución del 24 de abril de Ahora bien, en lo atinente al flujo de recursos dirigidos al sector salud, destacan que con motivo de la entrada en vigencia del Decreto de se pudo viabilizar la transferencia del recaudo de juegos novedosos de manera mensual, contrario a la periodicidad semestral prevista en el artículo 40 de la Ley de Así mismo, hacen hincapié en que la preceptiva tiene relación directa y específica con el Estado de Emergencia, pues se requiere de ingentes esfuerzos para mitigar la crisis con la búsqueda de fuentes alternativas que incrementen los recursos del Estado y financien los servicios de salud a su cargo, atiendan a la población que pueda verse afectada, garanticen la sostenibilidad del sistema de salud en el corto plazo y protejan el empleo que generan las empresas dedicadas a la actividad de operación de los juegos de suerte y azar, así como la dinamización de las economías locales afectadas con medidas de clausura de sus establecimientos.

No en vano, revelan que en Colombia existen 15 operadores del juego de lotería tradicional o de billetes, 12 de los cuales son empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental, generadoras de más de empleos entre trabajadores de planta y contratistas, cuya venta se realiza a través de loteros y agencias distribuidoras que, a su vez, cuentan con más de agencias en territorio y más de Del mismo modo, existen 27 empresas de apuestas permanentes que tienen más de Estos comportamientos de los juegos territoriales lograron una participación del Por lo que hace al artículo 2, que alude a la posibilidad de ofertar los incentivos a través de las páginas de juegos operados por internet autorizadas, mencionan que se trata de una medida que, a la vez que garantiza la sostenibilidad del sector, amplia la oferta de juegos operados por internet como alternativa orientada a asegurar la generación de recursos para la prestación de los servicios de salud a cargo del Estado.

Sin embargo, con motivo de la actual calamidad, tal auge ha sufrido un grave retroceso económico, por lo que resulta necesario ampliar la oferta de este tipo de juegos para mantener vigente la posibilidad de apostar sin incentivar la circulación de población que pueda incrementar la propagación del virus.

Entre tanto, frente a la realización anual durante los años y de dos sorteos extraordinarios en diferentes meses del año por parte de las empresas operadas del juego de lotería tradicional o de billetes, prevista en el artículo 3, puntualizan que dicha medida se justifica en la necesidad de reactivar las ventas del juego y estimular positivamente el ritmo de generación de transferencias al servicio público de salud de los departamentos.

Resueltos los interrogantes formulados, concluyen que los restantes artículos que hacen parte del Decreto de cumplen con los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, no discriminación y los demás exigidos en la Constitución y en la Ley de Sobre los acuerdos de pago con distribuidores de lotería a que alude el artículo 4, especifican que envuelve una medida que permitirá a las loterías sanear sus finanzas afectadas por los bajos ingresos de la venta del juego, en tanto habilita a los representantes legales de las loterías por una sola vez y por obligaciones que se hayan constituido a su favor, en los meses de febrero, marzo y abril de , a suscribir acuerdos de pago con los distribuidores con un plazo máximo de 6 meses, sin la generación de intereses y con la incorporación de la cláusula aceleratoria.

De esta manera, el desarrollo de los juegos de suerte y azar supone la innovación y la adaptación de la regulación a las condiciones que permitan la tramitación de nuevos negocios, lo cual debe ir acompañado del propósito de eliminar requisitos innecesarios para activar la actividad económica.

Consentir esta modalidad de juego localizado se traduce en un nueva alternativa y herramienta de operación bajo unos requisitos y estándares técnicos de cumplimiento establecidos por Coljuegos que ayudará en la mitigación del impacto económico producido por el coronavirus COVID y hará frente a las nuevas condiciones del mercado.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En escrito remitido oportunamente a esta Corporación, la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó la declaratoria de exequibilidad del Decreto Legislativo de , habida cuenta de que, en su criterio, aquel cumple a cabalidad con todos los requisitos formales y materiales exigidos para las normas promulgadas en el marco de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción.

En idéntico sentido, asevera que la normativa en cuestión también cumple los requisitos materiales o sustantivos , por cuanto lo que allí se dispone guarda una relación de conexidad directa y específica, tanto interna como externa, con los supuestos fácticos que suscitaron la declaratoria del estado de emergencia, entre los que cabe destacar la afectación directa generada por la pandemia del coronavirus COVID en las diversas modalidades de juegos de suerte y azar territoriales.

En lo atinente a su finalidad, puntualiza que las medidas legislativas propuestas buscan incrementar los ingresos de los recursos generados por el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar que se han visto duramente afectados por la crisis, brindando herramientas a los operadores de estos juegos a nivel nacional y a nivel territorial para la reactivación de dicho sector económico.

Es por esta razón que el decreto bajo estudio, además de impedir la prolongación de los efectos negativos de la pandemia en el sector de los juegos de suerte y azar, persigue materializar el postulado constitucional consagrado en el artículo Superior.

De conformidad con el criterio de necesidad fáctica y jurídica que se exige en estos asuntos, sostiene que el decreto que se revisa enuncia de manera clara y expresa las razones por las cuales las decisiones estipuladas son indispensables para mitigar y evitar la extensión de los efectos generados por la pandemia del coronavirus en el sector de los juegos de suerte y azar.

Frente al segundo criterio, concluye que está demostrado que las medidas excepcionales adoptadas resultan indispensables para atender la situación de emergencia, ya que no figura dentro del ordenamiento jurídico ninguna previsión normativa que fuese considerada suficiente y adecuada para lograr los objetivos con ellas establecidos.

Igualmente, para la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, el Decreto Legislativo de acredita el presupuesto de proporcionalidad , en atención a que sus disposiciones no limitan ni restringen derechos o garantías constitucionales, al tratarse de medidas que buscan limitar los efectos negativos de la pandemia en un sector económico, incentivar su reactivación para asegurar el adecuado financiamiento de los servicios de salud y, en últimas, evitar que los operadores entren en reorganización empresarial, liquidación o se vean abocados a la terminación de sus contratos de concesión.

Inclusive, apunta que de las disposiciones emanadas del decreto bajo examen no se desprenden vicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad o discriminación, en razón a que no imponen tratos injustificados ni suspenden, modifican o derogan normas jurídicas, así como tampoco limitan o afectan derechos humanos o libertades fundamentales intangibles.

Ni siquiera existe una contradicción específica que quepa endilgárseles en materia de las prohibiciones constitucionales y de derechos humanos, aplicables en los regímenes de excepción.

Finalmente, termina su intervención haciendo hincapié en que debe tenerse por satisfecho el requisito atinente a la motivación de incompatibilidad, pues aunque algunas de las medidas prohijadas fijen excepciones a ciertas disposiciones legales, lo cierto es que estas son puramente temporales o transitorias, justificadas en el bajo nivel de ventas presentadas durante los primeros meses del año, las dificultades de comercialización derivadas del aislamiento social obligatorio y la necesidad de reactivar los juegos de suerte y azar localizados.

Federación Nacional de Departamentos. El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos solicita se declare la exequibilidad del Decreto Legislativo de , por considerar que en su expedición se cumplieron todos los requisitos formales y materiales.

En cuanto hace a los primeros, expresa que fue firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros, debidamente motivado y expedido durante el límite temporal fijado en el Decreto declaratorio de Así, a la luz del principio de igualdad y de libre competencia, recuerda que entre una y otra modalidad de juego existen múltiples criterios diferenciadores de carácter técnico y regulatorios que no permiten identificar fácilmente un criterio comparativo entre ellos.

Esto último, empero, no supone una afectación del Presupuesto General de la Nación, dado que este incentivo es una fuente nueva de financiación. Federación Colombiana de Municipios. De manera genérica, señala que lo propio se predica de los juicios de intangibilidad y no contradicción específica , tras permanecer intactos los derechos intangibles.

En lo que atañe al juicio de necesidad , resalta que la regulación del monopolio de juegos de suerte y azar se encuentra sujeta a reserva de ley, lo cual implica que las medidas legislativas que se analizan no habrían podido ser expedidas en ejercicio de las competencias ordinarias del ejecutivo y, en esa medida, resultaba forzoso hacer uso de las facultades de excepción.

Así las cosas, respecto de los artículos 1° y 3°, señala que los mismos resultan necesarios, en tanto la legislación ordinaria no contempla el incentivo de premio inmediato y apenas autoriza la realización de un solo sorteo extraordinario.

En contraste, el artículo 2° parece innecesario, comoquiera que el artículo 38 de la Ley de , con la modificación introducida por la Ley de , se ocupa de la misma materia y el decreto legislativo tan solo se limita a remitirse a tales normas.

Lo anterior, debido a que la referida preceptiva carece de especificidad y a que el Concejo Municipal, al regular los usos del suelo, no está obligado a establecer una sola tipología de uso, pudiendo llegar a fraccionar el concepto de actividades comerciales , distinguiendo así entre comercio al por mayor y de alto o bajo impacto, entre otras clasificaciones.

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, obrando por conducto de su presidente y representante del gremio de operadores de juegos localizados, solicitó que se declarara exequible el Decreto de , pronunciándose específicamente sobre la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de la citada norma.

De esta manera, considera que el régimen de excepción sometido a escrutinio judicial cumple con la finalidad de incrementar los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del brote de coronavirus COVID, especialmente en el sector de los juegos de suerte y azar localizados.

Asociación Colombiana de Operadores de Juegos -ASOJUEGOS-. Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la totalidad del Decreto de por reunir tanto los requisitos formales como materiales o sustanciales que exigen la Constitución, la Ley de y la jurisprudencia constitucional cuando quiera se trate de medidas legislativas expedidas al amparo de un estado de emergencia.

Frente a los criterios materiales o sustanciales exigidos, explica que la normativa supera los juicios de conexidad material y de finalidad , pues las medidas allí adoptadas pretenden mitigar los impactos que han sufrido los ingresos de los operadores de los juegos de suerte y azar con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio que rige en todo el territorio nacional, lo cual a su vez ha tenido un efecto negativo en las finanzas de las entidades territoriales, en la medida en que estas sufragan los gastos del sistema de salud a su cargo con los recursos obtenidos mediante las transferencias que les hacen los concesionarios de juegos de azar.

Así también, indica que se cumplen los criterios de ausencia de arbitrariedad, no contradicción específica, incompatibilidad e intangibilidad , comoquiera que el decreto en revisión no establece medidas que desconozcan, contradigan o suspendan las prohibiciones para el ejercicio de las facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.

Lo propio sucede con los parámetros de motivación suficiente, necesidad y no discriminación , por cuanto en el texto contentivo del decreto legislativo se explica exhaustivamente el apremio de dictar medidas que mitiguen los efectos de la crisis y garanticen recursos para el monopolio que históricamente ha aportado a la financiación de los servicios de salud en el nivel territorial, cuyo porcentaje en la actualidad es exorbitante dada la atención que se requiere por unidades de cuidados intensivos sin que, en todo caso, se evidencie la imposición de ningún trato injustificado.

Intervención ciudadana. Durante el término de fijación en lista, la directora del área de derecho administrativo, constitucional e infraestructura de la firma Gómez Pinzón se hizo partícipe del proceso suscitado con ocasión de la revisión oficiosa del Decreto de y solicitó a la Corte que declarara su exequibilidad condicionada, en el entendido que i los operadores de juegos novedosos, tipo lotto, también podrán ofrecer al público incentivos de premio inmediato; ii y las entidades administradoras del monopolio deberán flexibilizar las condiciones de todos los juegos de suerte y azar.

Pero además, afirma que la preceptiva no justifica la diferencia de trato explicada y, además, crea una ventaja competitiva, reafirma la posición dominante de los operadores de apuestas permanentes e impone cargas injustificadas a aquellos que no son destinatarios de las medidas.

El Procurador General de la Nación, mediante concepto del 5 de agosto del año en curso, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo Número del 4 de junio de , le solicitó a esta Corporación declarar su exequibilidad, luego de haber verificado tanto su proceso de formación como su contenido, en los estrictos y precisos términos de la Carta Política.

Siendo así las cosas, inicia por señalar que la norma objeto de revisión cumple con todas las exigencias formales previstas en el artículo de la Constitución y en la Ley Estatutaria de para su proceso de formación, toda vez que i explica las razones que justifican la adopción de medidas adicionales a aquellas contempladas en el Decreto Legislativo de , para conjurar los efectos de la pandemia en el sector de juegos de suerte y azar; ii se encuentra firmada por el Presidente de la República y todos sus Ministros [8] ; iii fue expedida el 4 de junio del año en curso, durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado el 6 de mayo pasado; y iv precisa el contorno territorial sobre el cual ha de aplicarse.

Así mismo, argumenta que se cumple el supuesto de conexidad interna y externa , ya que medidas como los incentivos de premio inmediato, los sorteos extraordinarios de lotería, los acuerdos de pago y la operación remota de bingo tienen por objeto, según las consideraciones del acto normativo, aliviar la situación financiera de los operadores de juegos de suerte y azar, cuya afectación persiste a pesar de lo dispuesto en el citado Decreto Legislativo Del mismo modo, es evidente la relación con el Decreto de , por cuanto la reactivación del sector en cuestión coadyuva a mitigar los efectos económicos derivados de la expansión del coronavirus COVID y, a su vez, aumenta los recursos territoriales destinados a sufragar el servicio de salud.

Por lo que hace a los requisitos de prohibición de arbitrariedad y de intangibilidad , colige que, antes que afectar el núcleo esencial de garantías fundamentales, la regulación en estudio garantiza los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la salud.

Bajo esa óptica, las medidas no desconocen el catálogo de derechos intangibles previsto en el artículo 4º de la Ley de y en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En seguida, sostiene que las previsiones normativas también superan el juicio de no contradicción específica , en tanto el artículo Superior dispone que la explotación, organización y administración de los monopolios rentísticos se someterá al régimen establecido en la ley.

Igualmente, el decreto no desconoce los artículos 49 y 50 de la Ley de , toda vez que no afecta el ejercicio de la función legislativa ni los derechos sociales de los trabajadores.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público indica que los preceptos estudiados cumplen con el principio de finalidad y el requisito de motivación suficiente. Lo primero se debe a que medidas como la implementación de modalidades remotas y virtuales de juego, los acuerdos de pago y los incentivos de premio inmediato se dirigen a conjurar la crisis económica que atraviesa el sector de juegos de suerte y azar a causa del aislamiento social, y a aumentar las rentas destinadas a financiar los servicios de salud.

Igualmente, para la Vista Fiscal, la norma supera los juicios de necesidad e incompatibilidad , toda vez que el Gobierno diseñó las medidas teniendo en cuenta la situación actual del país y la crisis mundial, contexto en el cual los mecanismos jurídicos ordinarios resultaban insuficientes.

Aunado a lo anterior, normalmente, el Presidente carece de las competencias para modificar la regulación propia del sector de juegos de suerte y azar. Por lo demás, el Decreto de no suspende ni deroga leyes, sino que modifica transitoriamente algunas disposiciones contenidas en la Ley de , que no se compadecen con la situación actual de emergencia.

En lo que tiene que ver con el requisito de proporcionalidad , señala que la pandemia ha afectado la economía nacional, al tiempo que ha provocado la disminución del PIB y el aumento de la tasa de desempleo. Desde esta perspectiva, las herramientas diseñadas por el ejecutivo guardan correspondencia con la magnitud de la crisis que atraviesa el país.

Finalmente, para el señor Procurador, el decreto supera el juicio de no discriminación , por cuanto ninguna de sus disposiciones incorpora diferencias de trato por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica, pues las mismas se dirigen, sin distinción alguna, a los administradores y operadores de juegos de suerte y azar.

Es competente la Corte Constitucional para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo del 4 de junio de , expedido por el Presidente de la República en desarrollo del Decreto del 6 de mayo de , declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con arreglo a lo expresamente previsto en el parágrafo del artículo y en el numeral 7° del artículo de la Carta Política, así como en el artículo 55 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.

Análisis de constitucionalidad del Decreto Legislativo de Metodología de análisis por seguir. Para efectos de adelantar el control oficioso de constitucionalidad de las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo de , esta Corte procederá de la siguiente manera: inicialmente, i habrá de efectuar una caracterización general de los Estados de Excepción y, en particular, del Estado de Emergencia, ii precisará el fundamento y alcance del control judicial constitucional de los decretos legislativos expedidos al amparo de dicho régimen exceptivo, y iii reiterará los requerimientos sustantivos exigidos por el ordenamiento jurídico para predicar su validez formal y material.

Con posterioridad, iv entrará a verificar si el decreto fue expedido con el cumplimiento de los requisitos formales y, si es superada dicha instancia, v abordará el examen material de las diversas disposiciones que lo integran a través de la delimitación de su contenido y alcance en contraste con los parámetros previstos en la Constitución, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional.

Estándares del escrutinio judicial de los decretos dictados con fundamento en la declaración de un estado de emergencia económica, social y ecológica. Caracterización general de los Estados de Excepción y, en particular, del Estado de Emergencia [9]. Las mismas disposiciones superiores se ocupan de fijar los criterios dentro de los cuales los mismos están llamados a operar, señalando a su vez las particularidades o rasgos distintivos que identifican a cada uno.

Según lo ha puesto de presente esta Corte, la regulación constitucional de los estados de excepción responde a la decisión del Constituyente de garantizar la vigencia y eficacia de la Carta, aun en contextos de crisis o de anormalidad, cuando por razón de su gravedad, tales situaciones no puedan ser conjuradas a través de los medios ordinarios de control con que cuenta el Estado.

Los estados de excepción se convierten así, en la respuesta jurídica que se brinda a la sociedad ante situaciones extraordinarias que amenazan el orden institucional, frente a las cuales se debe contar con instrumentos igualmente excepcionales tendientes al restablecimiento de la normalidad, que deben conciliar la necesaria eficacia de la respuesta a las causas de perturbación con la preservación de los principios esenciales del Estado social de Derecho, cuya primacía es la que se pretende proteger.

De suerte que además de las directrices fijadas en la propia Carta Política orientadas a regular su funcionamiento, garantizar su carácter excepcional y transitorio, y limitar las facultades del Gobierno a las estrictamente necesarias para atender la crisis surgida, se facultó al legislador para que regulara y fijara el ámbito de aplicación material de los Estados de Excepción a través de una ley de naturaleza estatutaria.

Es así como el carácter reglado, excepcional y limitado de los estados de excepción se garantiza por medio de su estricta regulación en la Constitución y en la Ley de -en adelante LEEE- [10] , sin que sobre mencionar sus especiales dispositivos de control político y judicial [11].

Por un lado, el Texto Superior dispuso un complejo sistema de controles políticos específicos para los estados de excepción, a saber: i la autorización del Senado para la declaratoria del Estado de Guerra Exterior; ii el concepto favorable del Senado para la segunda prórroga del Estado de Conmoción Interior; iii las reuniones del Congreso por derecho propio; iv los informes que debe presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República sobre su declaratoria y evolución; y, finalmente, v la competencia del Congreso para establecer la responsabilidad política del Presidente y de los ministros por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, o que constituya grave calamidad pública, sin la ocurrencia de los supuestos contemplados en los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las facultades excepcionales.

Y por otro, estableció el control judicial constitucional automático de los decretos legislativos expedidos en el marco de los estados de excepción, conforme a lo dispuesto en los artículos a constitucionales, el cual está desarrollado más ampliamente por los artículos 55 de la LEEE y 36 a 38 del Decreto de Tratándose del Estado de Emergencia, que interesa a esta causa, la Carta Política, en el artículo , le ha establecido unos rasgos particulares o distintivos, que se constituyen en escrupulosos límites al ejercicio de las facultades del Gobierno durante su invocación, dentro de los cuales resulta de interés destacar los siguientes:.

El Estado de Emergencia podrá ser declarado por el Presidente de la República y todos los Ministros, siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos y que: i perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que ii constituyan grave calamidad pública.

La calamidad pública así explicada alude, entonces, a un evento o episodio traumático, derivado de causas naturales o técnicas, que altera gravemente el orden económico, social o ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente.

De ahí que la jurisprudencia en la materia haya reconocido que la calamidad pública bien puede tener una causa natural, tal y como ha sucedido por cuenta de temblores o terremotos, avalanchas, desbordamientos de ríos, inundaciones, etc. Ello se refleja, por lo menos desde la entrada en vigencia de la Carta Política de , en la declaratoria de múltiples Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica por distintas razones: i la fijación de salarios de empleados públicos [15] ; ii la crisis en el servicio público de energía eléctrica [16] ; iii el acaecimiento de desastres naturales [17] ; iv la revaluación del peso frente al dólar [18] ; v el deterioro de la situación de los establecimientos de crédito [19] ; vi las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público [20] ; vii los servicios públicos de la seguridad social y la atención en salud [21] ; y, por último, viii la situación fronteriza con Venezuela [22].

También el precitado artículo señala que el Gobierno Nacional, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, debe indicar el término dentro del cual el Presidente de la República va a hacer uso de las facultades extraordinarias y convocará al Congreso, si este no se hallare reunido, para que lo haga dentro de los diez días siguientes al vencimiento de dicho término, a fin de que evalúe las causas de la declaratoria de Emergencia y se pronuncie expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas en ella adoptadas [25].

Finalmente, conviene destacar que, mediante los decretos legislativos de desarrollo del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. Fundamento y alcance del control judicial constitucional de los decretos expedidos al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica [26].

Como se puede advertir, los estados de excepción son respuestas, fundadas en la juridicidad que impone la Carta Política, a situaciones graves y anormales que no pueden ser enfrentadas por el Estado a partir de sus competencias ordinarias. Sin embargo, una característica propia del Estado constitucional es que esa potestad no sea omnímoda ni arbitraria.

Por ello, el ordenamiento superior establece una serie de presupuestos mínimos de procedibilidad y condiciones que deben cumplirse tanto en los decretos legislativos que declaran el estado de excepción como en aquellos que prevén las medidas legales extraordinarias para hacerle frente a la crisis, conocidos usualmente como decretos de desarrollo.

Estos requerimientos son los que, a su turno, justifican la competencia de la Corte para verificar la compatibilidad entre los decretos y el Texto Superior, bajo el entendido de que la imposición de un régimen exceptivo supone la adopción de un mecanismo extraordinario que, en todo caso, está sometido a condiciones de validez reclamadas por la propia Constitución para asegurar no solamente que no se desborden los poderes otorgados, sino que se mantenga la racionalidad del orden instituido y se respeten los derechos y prerrogativas iusfundamentales.

Así pues, es claro que el control constitucional que se ejerce sobre el decreto declaratorio y los decretos legislativos de desarrollo, reviste un carácter integral , automático u oficioso [27] , buscando determinar, tanto por su aspecto formal como material, si efectivamente las medidas se expidieron con estricta sujeción a los mandatos contenidos en las normas que los regulan, o si por el contrario, a través de las mismas el titular de tales competencias extraordinarias desbordó los límites y condiciones establecidas.

En relación con esto último, la propia Corte ha puntualizado que los decretos que se expidan al amparo de los estados de excepción, están sujetos a los requisitos y limitaciones -formales y materiales- que se desprenden de la propia Constitución arts.

En las anotadas condiciones, el que exista un régimen jurídico con sujeción al cual deben ejercerse las competencias que resultan de la declaratoria de un estado de excepción también permite concretar el principio de legalidad que, como ha sostenido esta Corporación, a más de obligar a que el Gobierno actúe con estricto apego a la normatividad que rige los estados de excepción, exige que las suspensiones extraordinarias de los derechos y libertades que tengan lugar en razón de la crisis, no sean incompatibles con las obligaciones del Estado y, mucho menos, con las derivadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

Criterios formales y materiales que rigen el control de constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

El control constitucional que le corresponde adelantar a la Corte respecto de los decretos expedidos al amparo de un Estado de Emergencia, teniendo como fondo sus particularidades o rasgos distintivos, presenta dos facetas: una formal y otra material.

Se trata, básicamente, de un detallado escrutinio que tiene por objeto garantizar que todos los límites previstos para el ejercicio de las facultades de excepción sean debidamente respetados por el Gobierno Nacional.

Así, con base en todo cuanto se ha repasado y por virtud de las reglas desarrolladas en la LEEE, el examen formal de un decreto legislativo exige verificar, en su orden, el cumplimiento de los siguientes tres requisitos: i que haya sido suscrito por el Presidente de la República y por todos los ministros del despacho; ii que haya sido expedido en desarrollo del estado de excepción y dentro del término de su vigencia; y iii que se encuentre motivado.

Adicionalmente, en los casos en que la declaratoria del estado de emergencia haya comprendido únicamente determinado ámbito territorial, debe verificarse que los decretos de desarrollo no lo excedan. Por su parte, el examen de tipo material o sustancial comprende el desarrollo de varios escrutinios que, como ha definido la Corte, constituyen expresiones operativas de los principios que guían los estados de excepción.

Y aun cuando en la práctica decisional de este Tribunal se han evidenciado algunas divergencias en el orden, contenido y agrupación de tales juicios, aquellas no han afectado el estricto rigor del control constitucional propiamente dicho.

Sea esta la oportunidad, entonces, para unificar su alcance con el objeto de afinar su caracterización, precisándose, por lo demás, el orden en el que deben aplicarse, como se sigue a continuación:.

El juicio de finalidad [28] se encuentra expresamente previsto en el artículo 10 de la LEEE [29]. Según este parámetro, toda medida desplegada en los decretos legislativos debe estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión o agravación de sus efectos [30].

El juicio de conexidad material [31] está compuesto por los artículos de la Carta Política [32] y 47 de la LEEE [33]. Con este presupuesto , se busca determina r si las disposiciones contenidas en el decreto legislativo guardan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de vista: i interno , esto es, la relación entre las medidas adoptadas y las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente [34] ; y ii externo , es decir, el vínculo existente entre las medidas de excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia [35].

El juicio de motivación suficiente [36] ha sido entendido como una pauta que complementa la verificación formal, al indagar si, aparte de haberse formulado una fundamentación de l decreto de emergencia, el Presidente de la República ha ofrecido razones que resultan suficientes para justificar las medidas adoptadas.

El juicio de ausencia de arbitrariedad [38] tiene por objeto comprobar que en el decreto legislativo no se establezcan medidas que transgredan las prohibiciones para el ejercicio de las facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.

ESTADOS DE Diversiónn Regulación constitucional. En estos casos, la institución de los estados instntánea excepción otorga instantnea excepcionales Blackjack Online transitorios Azar y diversión instantánea Gobierno Nacional, materializados en el reconocimiento Increíbles premios en efectivo en español atribuciones legislativas extraordinarias, que le permiten adoptar Azar y diversión instantánea medidas Azar y diversión instantánea Azr atender, repeler diversinó superar la crisis dlversión anormalidad Aza. ESTADOS DE EXCEPCION- Civersión jurídica. Los estados de excepción se convierten Azar y diversión instantánea instantánsa respuesta jurídica que indtantánea brinda Azar y diversión instantánea la sociedad ante instanánea extraordinarias que amenazan el orden institucional, frente a las cuales se debe contar con instrumentos igualmente excepcionales tendientes al restablecimiento de la normalidad, que deben conciliar la necesaria eficacia de la respuesta a las causas de perturbación con la preservación de los principios esenciales del Estado social de Derecho, cuya primacía es la que se pretende proteger. MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR- Titularidad y explotación. LOTERIA- Explotación. El derecho de explotación a las loterías se otorga a los departamentos y al distrito capital como arbitrio rentístico, según lo dispone el artículo 12 de la Ley depor lo que se trata de una actividad sujeta a monopolio estatal, en los términos del artículo de la Constitución, cuyos recursos deberán destinarse a los servicios de salud, tal y como se consagra en el artículo 44 de la Ley de Azar y diversión instantánea

Author: Virg

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